El Parlamento de Navarra insta al Gobierno foral a que medie entre arzobispado y ayuntamientos sobre la titularidad de las iglesias

DIARIO DE NAVARRA. AGENCIAS. Pamplona. Viernes, 14 de marzo de 2008

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy instar al Gobierno foral "a que medie" entre el arzobispado de Pamplona-Tudela y los ayuntamientos afectados para que los navarros conozcan las razones por las que la Iglesia Católica ha escriturado a su nombre numerosas iglesias y edificios.

La moción, presentada por PSN e IUN, y aprobada con los votos a favor de los grupos de la oposición y la abstención de UPN y CDN, ha sustituido a otra firmada por IUN en la que instaba al Ejecutivo foral a iniciar "todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso de Navarra".

En su defensa, el portavoz de IUN, Ion Erro, ha explicado que a raíz de la supresión del artículo de la Ley Hipotecaria de 1946 que lo impedía, se han inscrito en el Registro de la Propiedad "más de mil propiedades", entre iglesias, ermitas, parroquias y cementerios, a nombre de la diócesis de Pamplona y Tudela.

Erro ha advertido que la Ley hipotecaria es "de la etapa franquista", por lo que existe la "la sospecha de que esta ley y las inscripciones tienen algún riesgo de anticonstitucionalidad", además de considerar "más que cuestionable la ley hipotecaria que está dando el privilegio a la iglesia católica de inscribir edificios que salieron de la voluntad, el esfuerzo y la aportación de los vecinos de los pueblos navarros".

"Son bienes públicos de uso religioso", ha advertido Erro, para añadir que el Gobierno de Navarra ha ayudado con 8,1 millones de euros en la última década a la iglesia navarra para el mantenimiento y rehabilitación de algunos de ellos, e incluso ha aludido a que si entre los nuevos pecados aprobados por la iglesia católica está "la la acumulación excesiva de riqueza, esto la está condenado".

Erro ha advertido que pese a decaer su inicial moción "en IUN no renunciamos a nada, lo que hacemos es implicar al Gobierno de Navarra en una tarea que nos parece importante", al tiempo que ha considerado la actuación de la iglesia católica "cuando menos, una apropiación indebida, al menos en términos morales".

Por PSN, Román Felones ha advertido que éste no era "un tema sencillo ni fácil, porque es muy sensible y necesita ser tratado con sosiego y prudencia", un papel que ha intentado ejercer con el pacto de esta enmienda con IUN, ya que aunque "no compartimos el tenor literal" de la moción que instaba a impedir la privatización de las iglesias, "ha generado un malestar evidente" en los pueblos afectados, que "no han sido previamente informados".

"El Gobierno de Navarra no tiene responsabilidad legal" en esto, ha reconocido Felones, "pero es un poder mediador y tiene autoridad moral para mediar entre arzobispado y los ayuntamientos porque afecta a la ciudadanía de Navarra".

A favor ha intervenido también Maiorga Ramírez, de Nafarroa Bai, quien ha advertido de que "nadie pone en duda" de que los edificios ahora inscritos "deben de dejar de tener un uso de culto. Sólo hablamos de un asunto relacionado con la propiedad, no del uso", por lo que ha lamentado la "nocturnidad y alevosía" con la que a su entender ha actuado la Iglesia en este asunto.

En todo caso, ha considerado que hay "un soporte legal" que impide las pretensiones del arzobispado, como es la Ley foral de Administración Local que insta a las entidades locales a velar por los intereses legales de su patrimonio, y las "numerosas facturas y documentos que acreditan y garantizan que esos edificios fueron costeados en su mayor parte desde la voluntad pública".

En cuanto a los grupos del Gobierno, Esteban Garijo (UPN) ha justificado su abstención en su rechazo a "hacer planteamientos que tergiversan la realidad" y "confunde la realidad histórica", de forma que "esos inmuebles son en su mayoría anteriores a la existencia de entes locales".

Por su parte, José Andrés Burguete (CDN) ha reconocido en éste "un tema espinoso y difícil" en el que "no debe inmiscuirse el Gobierno" ya que "estas cuestiones deben dirimirse en el ámbito judicial".