La negociación de Zapatero con la ETA de 2005 a 2007 y siguientes
El juez Ruz procesa por el chivatazo a la ETA de 2006 al entonces número tres del Ministerio del Interior, tras Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho
El Semanal Digital, miércoles, 13 de julio de 2011
El juez Ruz procesa por el caso Faisán al entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, a Enrique Pamiés, Jefe Superior de Policía del País Vasco como autor del chivatazo, y al inspector José María Ballesteros, que fue el le pasó el teléfono a Elosúa dentro del bar con Pamiés al otro lado. En el auto de procesamiento que el juez Pablo Ruz emitió este miércoles, 13 de julio de 2011, explica que Elosúa alertó al enlace de la ETA José Antonio Cau Aldanur y los miembros de la red de extorsión de la banda Nicolás Aguirre y Ramón Sagarzazu tuvieron también conocimiento de la operación policial. Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros impidieron así a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, la detención de miembros de la banda terrorista ETA, y además permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión. La finalidad de "la acción perpetrada el 4 de mayo" de 2006 era según el juez Ruz allanar las negociaciones en las que estaban inmersos el Gobierno y la ETA.
Las 75 páginas del auto de procesamiento que
el juez Pablo Ruz emitió este miércoles, 13 de julio de 2011,
contra los tres altos cargos del Ministerio del Interior
imputados en el Caso Faisán ponen negro sobre blanco cómo se
fraguó la traición al Estado de Derecho.
Mientras el PP exige responsabilidades a Alfredo Pérez Rubalcaba
y Antonio Camacho, los dos principales sindicatos policiales -SUP
y CEP- se lamentan de que los cerebros políticos del chivatazo
se libren y el PSOE se escuda en que los populares tienen
"miedo" a la candidatura de Rubalcaba, el magistrado
ofrece un relato escalofriante.
Según Ruz, Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José
María Ballesteros impidieron a través del chivatazo al
propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, la
detención de miembros de la banda terrorista ETA, y además
permitieron que la banda se financiara a través del dinero
obtenido por extorsión.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional destaca la
"eficacia" que la revelación de datos sobre la
operación contra el aparato de extorsión supuso "para la
propia actividad terrorista". García Hidalgo, Pamiés y
Ballesteros "estaban asumiendo una necesaria ayuda,
contribución o beneficio de las actividades terroristas" a
través de una acción que, en su opinión, podría encajar con
la comisión de una delito de colaboración con organización
terrorista.
El magistrado refleja en su auto, no obstante, su opinión de que
el objetivo concreto de los tres procesados no era
"seguramente" el de ayudar a la banda, sino allanar las
negociaciones en las que estaban inmersos el Gobierno y la ETA.
Ruz especifica que el entonces director general de la
Policía y la Guardia Civil, García Hidalgo,
consensuó con Pamiés "la acción perpetrada el 4 de
mayo". El magistrado apunta al Jefe Superior de
Policía del País Vasco como autor del chivatazo y
explica para justificarlo que la persona que se comunicó con Elosúa
conocía detalles de la investigación llevada a cabo sobre el
aparato de extorsión que transmitió al dueño del Faisán.
"Pamiés conocía en la fecha y hora en que
suceden los hechos todos los extremos que le son revelados a Elosúa",
dice el juez, que añade que era "una de las pocas personas
que podían tener acceso a toda esa información".
Ruz apunta como "fuente de información" de gran parte
de los datos que manejaba Pamiés a la jefa de la
Sección de Análisis de la BPI de San Sebastián, que
conocía datos de carácter reservado y mantenía con él una
"afín y estrecha relación personal y profesional". El
juez descarta en su auto la versión ofrecida por el Jefe
Superior de Policía del País Vasco de que tenía fijada el día
4 de mayo de 2006 una cita con un confidente en un lugar no
revelado del sur de Francia. En su opinión, esta declaración
"carece de consistencia y coherencia", dado que
"desconocía la zona y no tenía experiencia en terrorismo
de ETA".
Ballesteros pasó el teléfono con Pamiés al otro lado
El magistrado enumera en su auto hasta 12 indicios que
le llevan a concluir que la persona que le pasó el teléfono a
Elosúa dentro del bar "presenta aspectos diversos de gran
similitud o encaje con la apariencia física de
Ballesteros". Según explica el juez Ruz, el autor del
chivatazo no pudo ser "uno de los funcionarios que se
encargaban de la investigación en curso" porque el policía
"desconocía tanto la ubicación geográfica del domicilio
de Elosúa, como a sus familiares y al propio Joseba".
"El propio Ballesteros reconoce en su primera declaración
judicial que desconocía totalmente la zona de Irún",
recuerda el auto.
Ruz pone de manifiesto que las nuevas diligencias practicadas
durante la última fase de la instrucción han permitido
corroborar a través del análisis de fotogramas de
cintas de vídeo de los alrededores del bar la presencia
de Ballesteros en la zona, extremo que fue reconocido por el
ahora imputado. El auto destaca que éste estaba junto al
acceso principal del Faisán en los minutos previos y posteriores
a la llamada telefónica y además salió del
establecimiento apenas un minuto y medio después de
concluir la comunicación y por la puerta que indicó Elosúa.
El juez destaca que las personas relacionadas con los hechos no
establecieron tras el chivatazo un cauce "natural y
jerárquico" en sus comunicaciones, sino que
"existen en ellas saltos cualitativos notables que sólo
pueden justificarse por la relación de confianza entre los
actores". Así, el auto especifica que García Hidalgo,
Pamiés y Ballesteros intercambiaron "un elevado número de
contactos telefónicos" los días 3 y 4 de mayo de 2006 que
no se corresponden con su proceder normal, a la vista de las
llamadas que cruzaron en otras fechas.
Cita también como indicio las consecuencias del soplo, que
provocó que Elosúa alertara al enlace de la ETA José Antonio
Cau Aldanur y que los miembros de la red de extorsión de la
banda Nicolás Aguirre y Ramón Sagarzazu tuvieran también
conocimiento de la operación policial.
En lo que respecta a los cortes en la cinta de vídeo,
Ruz da validez al informe elaborado por expertos de la Guardia
Civil que apuntaban a que las dos interrupciones en la grabación
"no eran accidentales". Por último, pone en duda la
validez del testimonio prestado por Elosúa en cuanto a la falta
de reconocimiento de Ballesteros como la persona que le entregó
el teléfono sobre la cual asegura que existe "una duda más
que razonable".