La negociación de Zapatero con la ETA de 2005 a 2007 y siguientes

El juez Ruz procesa por el chivatazo a la ETA de 2006 al entonces número tres del Ministerio del Interior, tras Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho

El Semanal Digital, miércoles, 13 de julio de 2011

El juez Ruz procesa por el caso Faisán al entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, a Enrique Pamiés, Jefe Superior de Policía del País Vasco como autor del chivatazo, y al inspector José María Ballesteros, que fue el le pasó el teléfono a Elosúa dentro del bar con Pamiés al otro lado. En el auto de procesamiento que el juez Pablo Ruz emitió este miércoles, 13 de julio de 2011, explica que Elosúa alertó al enlace de la ETA José Antonio Cau Aldanur y los miembros de la red de extorsión de la banda Nicolás Aguirre y Ramón Sagarzazu tuvieron también conocimiento de la operación policial. Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros impidieron así a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, la detención de miembros de la banda terrorista ETA, y además permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión. La finalidad de "la acción perpetrada el 4 de mayo" de 2006 era según el juez Ruz allanar las negociaciones en las que estaban inmersos el Gobierno y la ETA.

Las 75 páginas del auto de procesamiento que el juez Pablo Ruz emitió este miércoles, 13 de julio de 2011, contra los tres altos cargos del Ministerio del Interior imputados en el Caso Faisán ponen negro sobre blanco cómo se fraguó la traición al Estado de Derecho.

Mientras el PP exige responsabilidades a Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, los dos principales sindicatos policiales -SUP y CEP- se lamentan de que los cerebros políticos del chivatazo se libren y el PSOE se escuda en que los populares tienen "miedo" a la candidatura de Rubalcaba, el magistrado ofrece un relato escalofriante.

Según Ruz, Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros impidieron a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, la detención de miembros de la banda terrorista ETA, y además permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión.

En el auto, el juez de la Audiencia Nacional destaca la "eficacia" que la revelación de datos sobre la operación contra el aparato de extorsión supuso "para la propia actividad terrorista". García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros "estaban asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades terroristas" a través de una acción que, en su opinión, podría encajar con la comisión de una delito de colaboración con organización terrorista.

El magistrado refleja en su auto, no obstante, su opinión de que el objetivo concreto de los tres procesados no era "seguramente" el de ayudar a la banda, sino allanar las negociaciones en las que estaban inmersos el Gobierno y la ETA.

Ruz especifica que el entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, García Hidalgo, consensuó con Pamiés "la acción perpetrada el 4 de mayo". El magistrado apunta al Jefe Superior de Policía del País Vasco como autor del chivatazo y explica para justificarlo que la persona que se comunicó con Elosúa conocía detalles de la investigación llevada a cabo sobre el aparato de extorsión que transmitió al dueño del Faisán. "Pamiés conocía en la fecha y hora en que suceden los hechos todos los extremos que le son revelados a Elosúa", dice el juez, que añade que era "una de las pocas personas que podían tener acceso a toda esa información".

Ruz apunta como "fuente de información" de gran parte de los datos que manejaba Pamiés a la jefa de la Sección de Análisis de la BPI de San Sebastián, que conocía datos de carácter reservado y mantenía con él una "afín y estrecha relación personal y profesional". El juez descarta en su auto la versión ofrecida por el Jefe Superior de Policía del País Vasco de que tenía fijada el día 4 de mayo de 2006 una cita con un confidente en un lugar no revelado del sur de Francia. En su opinión, esta declaración "carece de consistencia y coherencia", dado que "desconocía la zona y no tenía experiencia en terrorismo de ETA".

Ballesteros pasó el teléfono con Pamiés al otro lado

El magistrado enumera en su auto hasta 12 indicios que le llevan a concluir que la persona que le pasó el teléfono a Elosúa dentro del bar "presenta aspectos diversos de gran similitud o encaje con la apariencia física de Ballesteros". Según explica el juez Ruz, el autor del chivatazo no pudo ser "uno de los funcionarios que se encargaban de la investigación en curso" porque el policía "desconocía tanto la ubicación geográfica del domicilio de Elosúa, como a sus familiares y al propio Joseba". "El propio Ballesteros reconoce en su primera declaración judicial que desconocía totalmente la zona de Irún", recuerda el auto.

Ruz pone de manifiesto que las nuevas diligencias practicadas durante la última fase de la instrucción han permitido corroborar a través del análisis de fotogramas de cintas de vídeo de los alrededores del bar la presencia de Ballesteros en la zona, extremo que fue reconocido por el ahora imputado. El auto destaca que éste estaba junto al acceso principal del Faisán en los minutos previos y posteriores a la llamada telefónica y además salió del establecimiento apenas un minuto y medio después de concluir la comunicación y por la puerta que indicó Elosúa.

El juez destaca que las personas relacionadas con los hechos no establecieron tras el chivatazo un cauce "natural y jerárquico" en sus comunicaciones, sino que "existen en ellas saltos cualitativos notables que sólo pueden justificarse por la relación de confianza entre los actores". Así, el auto especifica que García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros intercambiaron "un elevado número de contactos telefónicos" los días 3 y 4 de mayo de 2006 que no se corresponden con su proceder normal, a la vista de las llamadas que cruzaron en otras fechas.

Cita también como indicio las consecuencias del soplo, que provocó que Elosúa alertara al enlace de la ETA José Antonio Cau Aldanur y que los miembros de la red de extorsión de la banda Nicolás Aguirre y Ramón Sagarzazu tuvieran también conocimiento de la operación policial.

En lo que respecta a los cortes en la cinta de vídeo, Ruz da validez al informe elaborado por expertos de la Guardia Civil que apuntaban a que las dos interrupciones en la grabación "no eran accidentales". Por último, pone en duda la validez del testimonio prestado por Elosúa en cuanto a la falta de reconocimiento de Ballesteros como la persona que le entregó el teléfono sobre la cual asegura que existe "una duda más que razonable".