HISTORIA DE ESPAÑA
España desde 1982
INICIAL
El Tribunal Constitucional anula
por unanimidad el 25 de febrero de 2015 la ley de
consultas y declara inconstitucional también el decreto
de convocatoria del referéndum vergonzante del 9N2014
El Constitucional suspende en abril de 2015 la ley de política exterior de Cataluña
DN Colpisa. Barcelona miércoles, 16/04/2015
El Tribunal Constitucional admitió este
miércoles, 16/04/2015, a trámite el recurso presentado por el
Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley de acción
exterior aprobada por el Parlamento catalán. La
norma queda suspendida durante cinco meses hasta que la corte de
garantías emita una sentencia definitiva y determine si la ley
se ajusta o no a la Carta Magna. El Gobierno catalán entiende
que sí y se basa en un dictamen del Consejo de Garantías
Estatutarias, el remedo de Constitucional catalán. El recurso de
Rajoy, en cambio, considera que "vulnera" la
Constitución porque "Cataluña no es un estado",
no es "sujeto de derecho internacional" y por tanto
"no tiene capacidad para establecer relaciones
diplomáticas". El jefe del Ejecutivo central
sostiene además que la ley catalana trata a la Generalitat
"como un actor internacional al margen del
Estado español".
Desde el Gobierno catalán señalaron que la suspensión de la
norma no tendrá consecuencias, que mantendrá su acción
exterior aplicando la ley anterior y que no modificará su agenda.
En cualquier caso, a la legislatura catalana apenas le quedan
tres meses. La Generalitat entiende que tiene una "obligación
legal", amparada en sus competencias, con la acción
exterior. "Fue reconocida en su día por el Tribunal
Constitucional de manera muy clara y nítida",
según el consejero de la Presidencia, Francesc Homs.
El portavoz del Ejecutivo autonómico calificó el
recurso de Rajoy de "atentado" contra las
competencias propias reconocidas en el Estatuto de Autonomía.
Homs aseguró asimismo que la decisión del Constitucional no
afectará al funcionamiento, a la actual estructura de las
delegaciones que la Generalitat tiene en el exterior y al plan de
aperturas.
La decisión del Constitucional añade otra muesca al historial
de enfrentamientos en los tribunales entre la
administración central y la catalana en un momento en que
algunas fuentes del Ejecutivo de Artur Mas querían creer que se
había producido cierto deshielo. La participación del
presidente catalán en la cumbre informal de ministros de
Exteriores de la UE y del Mediterráneo fue bien recibida en
Barcelona, aunque el propio Mas dijo hoy que no tenía "nada
que agradecer" por haber podido hablar en una reunión
internacional de la que al fin y al cabo era anfitrión. Nada ha
cambiado en las más que tensas relaciones.
El Parlamento catalán aprobó el pasado noviembre la ley de
acción exterior, impulsada por la Generalitat como una nueva
"estructura de estado" con la que pretende preparar la
independencia, reforzar las relaciones internacionales de
Cataluña, fomentar su proyección exterior y
desempeñar un papel como un "actor internacional activo".
A partir de esta norma, el Gobierno autonómico aprobó un
decreto que le permitirá incrementar su red de oficinas en el
exterior. Anunció la apertura de 'embajadas' en Viena y Roma,
prevista para las próximas semanas, y reforzó la de Bruselas
con el fichaje del que fue portavoz del excomisario Oli Rehn,
Amadeu Altafaj, como representante permanente de Cataluña ante
la Unión Europea. Cataluña cuenta ahora con
delegaciones en Bruselas, Washington, París, Londres y
Berlín. Sin embargo, según señala el vicepresidente
Frans Timmermans en una carta remitida al eurodiputado del PP
Santiago Fisas, la UE no reconoce a Altafaj como
interlocutor válido para los asuntos relacionados con Cataluña
y ese rango solo lo tiene el embajador español.
Este es un asunto que va en paralelo a la decisión del
Constitucional, ya que el Gobierno ha impugnado el
decreto de creación de las 'embajadas' de Viena y Roma,
pero en este caso a través de recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre el que
aún no hay una decisión. En este caso, el recurso vino motivado
por el hecho de que la Generalitat no cumplió con los "requisitos
de legalidad" y no pidió el informe que el Gobierno debe
emitir para validar la apertura de delegaciones de las
autonomías. En 1994, el Constitucional falló a favor de que las
comunidades tengan delegaciones en el exterior, siempre que no
interfieran en la política exterior del Estado. De ahí, la
necesidad del informe previo del Ejecutivo central.
Mas mantiene una agenda internacional muy activa para dar a
conocer el proyecto secesionista y para recabar apoyos, ya sea a
través de memorandos que el Palau de la Generalitat hace llegar
a las cancillerías, viajes oficiales, conferencias o campañas
en los medios, lo que ha encendido los ánimos en más de una
ocasión en el Ministerio de Exteriores español.
Aun así, la decisión del Constitucional es el segundo revés
que recibe la diplomacia catalana en poco menos de un mes. La
primera tuvo que ver con el delegado catalán en Bruselas,
nombrado a bombo y platillo por Mas como representante permanente
ante la UE. Sin embargo, según señala el vicepresidente Frans
Timmermans en una carta remitida al eurodiputado del PP Santiago
Fisas, la UE no reconoce a Altafaj como
interlocutor válido para los asuntos relacionados con Cataluña
y ese rango solo lo tiene el embajador español.