La crisis iniciada en 2007....España desde 1982
El Plan E de Zapatero de 2008 se gastó
casi 40.000 euros por parado contratado y sólo el 4% de los
desempleados seguía en la empresa concesionaria unos meses
después de terminado el programa estrella socialista
LD D. SORIANO 2012-10-13
A finales de 2008, con el paro disparándose
por encima de los 100.000 nuevos desempleados al mes, José Luis
Rodríguez Zapatero lanzó el Plan E. El objetivo
declarado por el Gobierno era crear empleo y relanzar la
economía española. Hace unos días, el Tribunal de
Cuentas publicó el informe que ha realizado sobre el destino de
los fondos que el Ejecutivo socialista dedicó a obras públicas
en más de 8.000 municipios españoles. Y sus conclusiones no
pueden ser más demoledoras. Ni se creó
empleo, si se gastó bien el dinero público, ni se consiguieron
los objetivos buscados.
Lo más doloroso del informe del Tribunal de
Cuentas tiene que ver con el empleo, el objetivo principal del
Plan E. Según los cuadros incluidos en las páginas 111 y 113
del documento, los 30.698 proyectos generaron 201.195 contratados.
Teniendo en cuenta que el coste total ejecutado fue de 7.859
millones, tenemos un importe por desempleado de algo más
de 39.000 euros. Si se cuentan las casi 17 millones de
jornadas efectuadas, aparece un coste de 463 euros por día de
trabajo.
Está claro que en el Plan E se pagó a muchas
personas que no eran desempleadas. La mayoría de los
trabajadores de las empresas contratistas ya estaban ocupadas
cuando empezó el programa, por lo que esos 39.000 euros por
parado no quieren decir que por unos meses de trabajo (la
mayoría de las actuaciones no se dilataron más allá de unas
semanas) se pagase ese salario. Pero sí es una cifra que
sirve para calibrar la magnitud del despilfarro. Si el
objetivo era simplemente reducir el paro y relanzar el consumo,
no parece muy lógico gastarse casi 40.000 euros por unos meses
de trabajo.
Pero el problema no es sólo de coste, es que
todo lo que tiene que ver con el empleo y el Plan E sale muy
malparado de la lectura del informe del Tribunal de Cuentas.
Éstas son sus conclusiones más importantes:
- "El 67% de los trabajadores empleados
en la ejecución de los proyectos que formaban parte de
la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL,
continuaban prestando sus servicios en la misma en el
segundo semestre de 2011. Únicamente el 4% de
los que fueron contratados específicamente para
la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha
fecha trabajando en la empresa".
- "En lo que se refiere al seguimiento
de la creación de empleo, objetivo fundamental del FEIL
[siglas de Fondo Estatal de Inversión Local, el nombre
oficial del Plan E] el 66% de los ayuntamientos
no realizaron ninguna actuación".
- "El 21% de los contratos fueron
adjudicados a empresas que declararon que generarían un
número de puestos de trabajo inferior a las previsiones
comunicadas por las entidades locales en la solicitud de
fondos y el 12% de los proyectos fueron adjudicados a
empresas que no se habían comprometido a la
contratación de ningún trabajador procedente
del desempleo".
- "Las empresas adjudicatarias incumplieron
el compromiso de contratación de desempleados en
el 11% de los contratos suscritos. El número de
trabajadores desempleados afectados por este
incumplimiento ascendió a 14.206".
- "En el 8% de los contratos no se
incluyó la condición especial de ejecución consistente
en que el nuevo personal que el contratista necesitara
emplear para la ejecución de las obras se encontrase en
situación de desempleo, incumpliendo lo establecido en
el Real Decreto regulador. De las entidades que
incluyeron la condición especial, el 25% no previó
penalización en caso de incumplimiento, y de las que
incluyeron cláusula de penalización, el 44%
adjudicó contratos con menos trabajadores procedentes
del desempleo de los que se habían comprometido
a contratar las empresas en sus ofertas y únicamente
aplicaron penalizaciones el 12% de estas entidades".
- "El 50% de las entidades, si bien
remitieron al Ministerio como parte de la documentación
justificativa la información proporcionada por las
empresas adjudicatarias relativa al número de contratos
con desempleados que realizaron, no llevaron a
cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el
seguimiento establecido en el artículo 6.2 del
Real Decreto-Ley 9/2008".
- "La documentación que las entidades
requirieron a las empresas adjudicatarias para acreditar
la situación de desempleo de los trabajadores
contratados resultó muy heterogénea, confundiendo
en muchos casos la condición de demandante de empleo con
la situación legal de desempleo".