Historia de España
Crónica del siglo XXI
El Congreso limita en mayo de 2009 la jurisdicción universal de los jueces españoles
Libertad Digital (Agencias) martes, 2009-05-19El Congreso de los Diputados acordó este martes, 2009-05-19, con sólo ocho votos en contra, limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal penal por parte de la Audiencia Nacional.
En la actualidad, la Audiencia Nacional tramita
trece causas abiertas bajo el principio de la jurisdicción
universal, que van desde la investigación de delitos de
genocidio en Guatemala o el Tíbet a supuestos crímenes de
guerra en Gaza, a las torturas en Guantánamo o, más
recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.
La resolución que fue presentada por el PP y enmendada por
el PSOE tras un pacto entre estos dos partidos recibió 339
votos a favor, ocho en contra y una abstención y aboga por
promover con urgencia la reforma del artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a fin de "limitar y
clarificar" el alcance del principio de jurisdicción
universal penal.
En su escrito inicial el PP defendía la reforma la LOPJ para que
la Justicia española sea competente "para conocer hechos
cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio
nacional si se tipifican como genocidio, terrorismo, piratería,
prostitución, tráfico ilegal de drogas, inmigración
clandestina o mutilación genital".
La enmienda del PSOE suprimió estas concreciones, si bien insta
igualmente a cambiar el artículo 23 de la LOPJ y plantea una
redacción prácticamente idéntica a la de los populares en el
resto de los términos.
Así, se limitará y clarificará el principio de jurisdicción
universal penal de acuerdo con el principio de subsidiariedad y
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, lo que implica que "deberá quedar acreditado"
que los presuntos responsables del delito se encuentran en
España y que entre las víctimas hay personas de nacionalidad
española.
También son requisitos que en el país donde se hayan cometido
los hechos, o en un tribunal internacional, no se haya iniciado
una investigación y una persecución efectiva de los delitos. Y
si el país en cuestión o un tribunal internacional comienza
otro proceso sobre los mismos hechos denunciados, la
jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la
causa que haya abierto.
La resolución aprobada insta asimismo al Ejecutivo a que, antes
de finalizar el presente mes de mayo, logre un acuerdo con los
jueces sobre algunas de sus demandas, aunque no menciona el
control de los señalamientos, que hasta ahora ha sido el
principal obstáculo en las negociaciones con Justicia.
Así, la iniciativa plantea la necesidad de lograr un acuerdo con
las asociaciones judiciales sobre la conciliación de la vida
profesional y familiar, la equiparación del régimen de
vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios,
el sistema de ascensos y traslados y la adscripción de jueces
territoriales.
Estos son precisamente los cuatro puntos en los que el Gobierno y
las asociaciones judiciales han logrado ya cierto acercamiento.
Sin embargo, la resolución no incluye entre las prioridades de
ese acuerdo el control de la agenda de señalamientos, que hasta
el momento es el mayor escollo en las negociaciones con las
asociaciones de jueces, que siguen reclamando la competencia para
fijar la fecha de los juicios y vistas, que la reforma procesal
aprobada por el Ejecutivo atribuye a los secretarios judiciales.
La próxima reunión, y en principio la última convocada, entre
representantes de Justicia y de las asociaciones judiciales
tendrá lugar el próximo jueves.
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La Audiencia investigará ahora la postura de Franco ante los crímenes nazis
L D (Europa Press) 2009-05-05De nada sirven los avisos de Dívar y Pumpido. A la Audiencia Nacional parece faltarle tarea. Están en curso las investigaciones sobre Guantánamo, Israel, China y ahora sobre la "inhibición" de Franco en los crímenes de los nazis sufridos por españoles. Garzón, Moreno, Andreu y Pedraz investigan.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acumulado a su investigación contra cuatro responsables de las SS -que residen actualmente en EEUU- por su responsabilidad en el Holocausto una denuncia presentada por la Fundación Acción Pro Derechos Humanos (FAPDH) contra el régimen franquista, al que acusa de haberse "inhibido" ante las prácticas infligidas por las autoridades nazis a ciudadanos españoles que se trasladaron a Francia tras la Guerra Civil.
Concretamente, la denuncia presentada por esta
asociación se refiere a "la inhibición de las autoridades
españolas respecto de los crímenes cometidos en los campos de
concentración nazis que condujo a la muerte de un elevado
número de españoles y que pone de manifiesto la participación
o complicidad, ya sea por acción u omisión, de las autoridades
españolas en los crímenes contra la humanidad cometidos en los
campos de concentración nacionalsocialistas contra ciudadanos
españoles".
Inicialmente, la FAPDH acudió al Juzgado de Instrucción número
17 de Madrid, justo después de que la Audiencia Nacional
estableciese que corresponde a los Juzgados Penales (y no a la
Audiencia Nacional) el conocimiento respecto de los crímenes de
la Guerra Civil y de la dictadura franquista, cuya instrucción
venía realizando el juez Baltasar Garzón.
Inhibición a la inversa
Sin embargo, este tribunal de Madrid se inhibió en favor del
Juzgado Central de Instrucción número 2, que dirige de Moreno,
quien el pasado 30 de abril ya comunicó por medio de una
providencia la acumulación de esta denuncia a la causa.
"Tras la finalización de la Guerra Civil española, miles
de españoles se vieron abocados al exilio, cayendo buena parte
de ellos en poder de los alemanes tras la ocupación de parte de
Francia por las tropas nacionalsocialistas", relata la
denuncia que ya obra en poder del juez Moreno, en la que además
la FAPDH alega que "las autoridades alemanas informaron de
tal circunstancia a la autoridades españolas, ofreciéndoles, de
forma reiterada, la posibilidad de repatriar a su
nacionales".
Para acreditar estas acusaciones al régimen franquista, la
asociación aporta una nota verbal transcrita de la Embajada
alemana de España, fechada el 20 de agosto de 1940 y remitida al
Ministerio de Asuntos Exteriores en la que Alemania ofrecía a
las autoridades españolas hacerse cargo "de 2000 españoles
rojos que actualmente se hallan internados en Angouleme
(Francia)".
Esta denuncia pasará ahora a formar parte de la causa que el
juez de la Audiencia Nacional investiga a partir de la querella
presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y
los familiares de otras cinco víctimas de los campos de
concentración.
La acción está dirigida concretamente contra los ex oficiales
de las SS Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan o
John Demjanjuk, que desarrollaron su labor como guardias armados
en los citados campos de concentración.
La Fiscalía solicitó su admisión a trámite
Todos ellos se instalaron en Estados Unidos al término de la II
Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad
estadounidense por orden de los tribunales de dicha nación.
Según la querella, los prisioneros fueron sometidos a
"programas de exterminio diseñados por el sistema
nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por
razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones
políticas". "Fueron objeto de formas extremas de
maltrato y abuso, incluido el asesinato", añade la demanda.
La Fiscalía, que solicitó la admisión a trámite de la causa, recordó que en la actualidad resulta "indiscutible" el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que concurra algún punto de conexión con los intereses del Estado que solicita la persecución.
Los querellantes solicitan la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar "hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas", tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citan expresamente.
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Me llamo Máximo Décimo Meridio, Capitán de las legiones Fénix, General de los ejércitos del norte... leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio., padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada, amigo personal de Espartaco que fue asesinado en la cruz, y exijo enérgicamente que sean investigados los delitos de Cómodo, del Senado Romano, del Centurión que estaba de guardia ese día, de los patricios que subvencionaron con sus denarios la construccion de la cruz, de los carpinteros que la construyeron y de los esclavos que hicieron el agujero para clavarla. ¡ALCANZARE MI VENGANZA EN ESTA VIDA O EN LA OTRA! Valhalla