Crónica del siglo XXI
Educación sexual
El juez Fernando Ferrín Calamita es
apartado y procesado por ser católico
¿Puede un católico estar al frente de un juzgado de familia?
El CGPJ confirma la suspensión del juez Ferrín pese a que su familia no pueden subsistir
DIARIO DE NAVARRA 12.11.2008
El pleno del CGPJ ha acordado por unanimidad confirmar la suspensión provisional del juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita,
La suspensión de empleo y sueldo fue acordada por el Consejo el pasado mes de febrero después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su esposa.
Ferrín Calamita, quien a partir del próximo 24 de noviembre será juzgado a raíz de este caso por un presunto delito de prevaricación, reclamó al CGPJ que dejara sin efecto tal medida porque, según alegó, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.
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El TSJ corrige por segunda vez en menos de un mes la sentencia de Ferrín Calamita
Libertad Digital 21.01.2009 (Ángela Martialay)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que dictó la sentencia condenatoria del juez Fernando Ferrín Calamita por retrasos en el procedimiento de adopción de una pareja de lesbianas, ha tenido que corregir en menos de un mes dos veces el documento, "ya que éste tenía varios errores".
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Murcia, que dictó la sentencia condenatoria del
juez Fernando Ferrín Calamita por retrasos en el
procedimiento de adopción por parte de una pareja de lesbianas,
ha reconocido que ésta contenía errores y ha tenido que
repararlos. Ya van dos correciones en menos de un mes.
Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del
magistrado, Javier María Pérez-Roldán, "la sentencia
tenía varios errores". Además, el letrado denuncia
que la Sala tardó 20 días en ejecutar
la resolución cuando "la ley estima que se debe tardar
unos 5" en un caso en el que se condena por un supuesto
retraso.
La segunda correción se dió el pasado 15 de enero; mientras
que la primera fue el 26 de diciembre, tres días después
de leerse, en un acto abierto al público, la sentencia. Y es
que, la sentencia de condena "se incluía, en el Fundamento
de Derecho Sexto, el supuesto elemento subjetivo del tipo penal,
que no era otro que el impedir a la adoptante ejercer su derecho
de adopción". Concretamente, el primer auto aclaratorio
modifica la sentencia al añadir un párrafo en el que dice
"la adoptante, más que a que se le conceda la adopción, lo
que tiene es un derecho a una respuesta positiva o negativa, y
fundada en el ordenamiento jurídico, que es la esencia de la
tutela judicial efectiva que se le ha denegado injustamente en
este caso".
Tras esta primera corrección, la defensa de Calamita solicitó
una segunda, ya que "la sentencia seguía teniendo errores y
la Sala admitió que estaba mal y los corrigió".
Pérez-Roldán afirmó que esta corrección le fue notificada el
pasado día 15 de enero.
En esta línea, precisó que los errores se
refieren, en primer lugar, a que "en la página dos de la
sentencia, se dice que la querella la tramitó el letrado José
Luis Mazón en nombre de Vanesa H. [cónyuge de la madre
biológica] y Susana M. [madre biológica de la menor], cuando es
incorrecto, ya que la querella sólo la presentó la primera de
ellas". En segundo lugar, "habla de que no es aplicable
el delito del artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y es un error, ya que éste está pensado para
funcionarios propiamente dichos y no para jueces, y es el
artículo 511.3".
"La Sala corrige los errores que detecté y me da la razón,
citando como artículo de amparo esa corrección de errores de la
Ley Orgánica del Poder Judicial", subraya ahora la defensa
del juez.
El magistrado fue condenado a dos años, tres meses y un día de
inhabilitación de su cargo, así como al pago de una
indemnización, por retrasos en la adopción de una menor
por parte de una pareja lesbiana.
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Libertad Digital (Ángela Martialay) 1-11-2008
El juez Fernando Ferrín Calamita, apartado provisionalmente de su plaza por el supuesto retraso en la tramitación de una adopción por parte de una pareja de lesbianas, recibió este miércoles la noticia de que el CGPJ archivaba las denuncias que interpuso contra el Presidente del TSJ de dicha comunidad. La defensa del magistrado asegura que ha habido irregularidades y que los medios de comunicación se han limitado a dar una sola versión de los hechos.
El pasado miércoles el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) le dio un nuevo revés al juez Fernando
Ferrín Calamita, titular del juzgado de Familia número 9 de
Murcia, suspendido de empleo y sueldo por el supuesto retraso
malicioso en la tramitación de una adopción por parte de una
pareja de lesbianas. Ese día se archivaron las dos denuncias
presentadas por el magistrado contra el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Juan Martínez Moya.
En los escritos de denuncia presentados al órgano de gobierno de
los jueces por la defensa de Ferrín Calamita se criticaba la
actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, Juan Martínez Moya, en el expediente disciplinario
abierto al juez y en la admisión de la querella presentada
contra el mismo.
“Un católico no puede estar al
frente de un Juzgado de Familia”
Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del juez
expedientado, Javier Pérez-Roldán, Martínez Moya llamó en
tres ocasiones a Ferrín Calamita “faltándole el respeto y
atacando a su independencia judicial”. El magistrado asegura
que el Presidente le dijo que “un católico no puede
estar al frente de un Juzgado de Familia”. Además,
Calamita ha declarado que Martínez Moya lo amenazó con abrirle
expediente si no atendía una de sus llamadas.
Tras estas denuncias, ahora archivadas, el presidente decidió en
los primeros días de octubre abstenerse en todo lo referido al
enjuiciamiento de Calamita, aunque rechazó los términos de las
denuncias, que, afirmó, "están carentes de veracidad,
manipulados y huérfanos de respeto y consideración gubernativa
y jurisdiccional". Asimismo, señaló en su escrito de
abstención que "en ningún momento, ni antes ni ahora, me
encuentro afectado en mi imparcialidad, ni subjetiva ni objetiva,
para conocer del asunto".
Por 10.000 euros
Cuando el caso salió a la luz pública, el magistrado estuvo de
baja médica porque padecía depresión y estrés. Ahora, afirma
encontrarse mejor anímicamente, aunque se considera víctima de
una campaña de acoso y derribo.
Ahora, el juez Calamita está sometido a un proceso judicial en
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia a raíz de la querella presentada por la
mujer lesbiana que lo acusa de retrasar la adopción de una
menor, hija de su compañera sentimental, por sus creencias
religiosas. A día de hoy, el magistrado titular del juzgado de
Familia de Murcia sigue negando dicho retraso del expediente y,
además, denuncia que ha habido irregularidades en el proceso.
Como por ejemplo, que la defensa de las lesbianas le
pidieron 10.000 euros al juez para que se quitase la
querella. Chantaje que Calamita no aceptó.
Como cuestión de fondo el abogado de Ferrín Calamita señala que éste recabó varios informes “para plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite que un matrimonio de personas del mismo sexo puedan adoptar”, asunto que según su abogado “pudo inquietar a ciertas personas”. Dicha cuestión no llegó a plantearse porque el juez fue suspendido en sus funciones. Según han confirmado fuentes del Constitucional, no hay cuestión alguna de este carácter interpuesta en dicho tribunal.
El juez puede ser apartado
definitivamente de la carrera judicial
En febrero de 2008, la Comisión Permanente del Consejo le
suspendió cautelarmente al admitier a trámite la querella
que presentó la adoptante contra él. Era la primera vez que el
órgano de gobierno de los jueces suspendía a un juez a
instancia de una de las partes y no del propio fiscal. Tras
varios meses alejado de su puesto de trabajo, Ferrín
Calamita ha pedido al CGPJ que deje sin efecto su
suspensión porque, según alega, él y su familia, compuesta por
nueve personas, no pueden subsistir.
Si la querella interpuesta contra el magistrado por la
pareja de lesbianas se archiva, el Consejo lo devolverá a
sus funciones. Pero si ésta prospera, el juez será expulsado de
la carrera judicial.
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LD (Agencias). Lunes, 23-07-2007
El juez de primera instancia de Murcia, Fernando Ferrín, ha decidido otorgar, provisionalmente, la custodia de dos hijas al padre porque considera que la relación homosexual que mantiene la madre "influye negativamente en la educación y crecimiento armónico" de las menores. El magistrado cree que las menores necesitan la figura de un padre y una madre. La FELTG, al creer que el caso atenta contra los derechos básicos de los ciudadanos, ha pedido al CGPJ que abra un expediente.
Dieciséis organizaciones de mujeres y la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG) ha entregado en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito para que se abra expediente contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, ha decidido otorgar provisionalmente la custodia de dos hijas a su padre porque su madre sostiene una relación homosexual.
En el escrito, las organizaciones promotoras destacan que el magistrado ha impuesto su ideología por encima de la aplicación de las leyes. Incluso, recuerdan que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Murcia incoó expediente al mismo juez para determinar por qué retrasaba desde hace más de un año el proceso de adopción de una niña a una mujer lesbiana cuya pareja es la madre biológica de la menor. Los grupos también han pedido a las asociaciones de jueces que no se dé cobijo en las mismas a comportamientos claramente "inconstitucionales". El juez en cuestión pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
Según la sentencia, el juez considera "suficientemente" acreditado "el perjuicio para las hijas que se deriva de la relación que la madre sostiene con una tercera persona y que lógicamente no se limita a un hecho aislado". Ferrín subraya: "La madre tendrá que elegir entre sus hijas y su pareja".
El criterio del juez establece que la condición homosexual de alguno de los padres daña a los hijos porque ellos tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. "Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la dé un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor", añade.
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L D (EFE). Martes, 24-07-2007
El PSOE ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que ejerza "su función constitucional de control de jueces" y abra un expediente al magistrado de Murcia que denegó la custodia de dos niñas a su madre por ser lesbiana. Los socialistas cuentan con el respaldo del ministro de Justicia. Aunque guardó silencio cuando se conoció la noticia, este martes ha criticado la decisión del juez y le ha recordado que su función "no es utilizar las sentencias para verter conceptos al margen de la Constitución".
Mariano Fernández Bermejo no ha querido entrar en la polémica sentencia del juez y se ha limitado a censurar que un magistrado use las sentencias judiciales para deslizar "conceptos al margen de la Constitución". Mínima referencia del ministro de Justicia al titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, que aseguró en una sentencia que la homosexualidad de una madre perjudica a sus hijas.
Con este argumento decidió otorgar la custodia de dos hijas al padre porque la supuesta homosexualidad de la madre les perjudica y "aumenta el riesgo" de que las menores también lo sean. En el auto, el juez señalaba que la mujer "tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja".
Sobre esta cuestión, Bermejo señaló que "los órganos de inspección de la Justicia están actuando" y mostró su deseo de que "se aclare todo con las respuestas que el ordenamiento jurídico prevé para cada caso".
El ministro de Justicia hizo estas declaraciones en Madrid, tras firmar con el presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetsky, un convenio de colaboración para luchar contra el dopaje en el deporte y preservar la salud de los deportistas.
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L D (Europa Press). Miércoles, 25-07-2007
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto a la Comisión Disciplinaria, que se reunirá este miércoles, abrir expediente por falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, por el auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.
Según consta en la propuesta de Inspección, a la que ha tenido acceso Europa Press, se debe abrir al juez Ferrín expediente por la falta que castiga el verter en resoluciones "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". Numerosas organizaciones presentaron este lunes una queja ante el CGPJ en la que denunciaban el auto del pasado 6 de junio en la que el magistrado concedió la custodia al padre de dos niñas, por la relación que la madre mantenía con otra mujer.
En cuanto a esta queja, Inspección precisa que, como se trataba de un auto contra el que no cabía recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó remitir las actuaciones al CGPJ ante el contenido de ciertas expresiones del auto. "La principal cuestión debatida gira sobre la determinación de cuáles han de ser los límites a los que han de ajustarse los términos empleados por las resoluciones judiciales", explica la propuesta.
En este sentido, agrega que deben limitarse a exponer las términos de la controversia que afrontan y las razones jurídicas que conducen a la decisión que adoptan, pero "no son cauce ni pueden serlo en ningún caso para expresiones ajenas a esos contenidos", ni siquiera como consecuencia de la independencia judicial.
Quebrantar la confianza social
"Con esas expresiones que ha incluido en el auto se está quebrantando la confianza social en los tribunales que resulta inexcusable en una sociedad democrática para cumplir adecuadamente su cometido constitucional", afirma el Servicio de Inspección.
Ese deber de lealtad es incuestionable en jueces y magistrados, prosigue el escrito, y "no sólo resulta del artículo 9.1 de la Constitución, sino que hay que considerarlo la principal obligación de su régimen estatutario, en virtud del 318.1 de la LOPJ. La promesa o juramente que en este precepto se impone es la solemne formalización de ese esencial compromiso de lealtad constitucional". Por ello, propone la apertura de expediente.
La propuesta considera, tras ver el vídeo del juicio que se celebró por la custodia de las niñas, que el trato que el juez dispensó a la madre fue "correcto en todo momento". Por ello se dedica a reproducir el contenido del auto por el que se otorgó la custodia al padre.