La negociación de Zapatero con la ETA de 2005 a 2007.......
La política de Zp
El 5.06.2007 la ETA le llama
fascista al propio Zapatero, como era totalmente previsible
Rubalcaba nombró a los mediadores con la ETA un año antes de ser ministro
Las actas de la negociación entre el Gobierno del PSOE y la ETA muestran que tuvieron reuniones secretas tras el atentado de la T 4 en 2006
LIBERTAD DIGITAL 2011-03-29
El contenido de las negociaciones entre el Gobierno y la ETA durante la tregua de la pasada legislatura ya es de dominio público. Las actas, un resumen pormenorizado de las conversaciones entre los emisarios del gobierno y los jefes de la ETA, desvelan interioridades que colocan al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en una posición insostenible, lastrado para abordar cualquier proceso con los terroristas y deslegitimado en materia de lucha antiterrorista.
Tras la publicación por parte de El Mundo de las actas, El País ha confirmado punto por punto la información de su competidor. Además, ha añadido algunos datos que lejos de preservar al Gobierno dan una nueva vuelta de tuerca sobre la credibilidad de Zapatero, Rubalcaba, del lendakari Patxi López y del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren. En el diario progubernamental se llega a leer: "Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso". Semejante consideración de los emisarios de Zapatero y Rubalcaba se produjo en mayo de 2007, cuando la ETA ya había matado a dos personas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, los dos ecuatorianos asesinados en el atentado de la T-4, el 30 de diciembre de 2006.
También desvela El País que la ETA quiso hablar directamente con Zapatero, a quien los terroristas se refieren como "Gorburu", y los desesperados intentos gubernativos por mantener vivo el denominado "proceso de paz", su voluntad inequívoca de reanudar tal proceso tras la bomba de la T-4, la necesidad de que las reuniones fueran "secretas", las causas del cese del fiscal Fungairiño, la promesa de tratar a cuerpo de rey a De Juana Chaos, los lamentos por la actitud de las víctimas y algunos jueces, así como el reconocimiento explícito del chivatazo a la ETA en el bar Faisán (previo al comienzo de las negociaciones) como acto de buena fe del Gobierno.
En la primera de estas reuniones tras el brutal atentado de la T-4, el Ejecutivo avisa a los emisarios de la banda que las reuniones "deben ser secretas" y como gesto a los etarras desde el Ejecutivo se dice que "no les gusta la ley de partidos" y que en próximas reuniones "habrá que "abordar el tema de la legalización". Y fue en esta reunión donde se trató la importancia para el proceso de unos buenos resultados electorales por parte del Gobierno.
En un segundo encuentro, los emisarios gubernamentales aseguran que "se pueden manejar los tiempos" y que "si no hay delitos de sangre se tomarán medidas procesales penitenciarias para un régimen de libertad o similares". Incluso llegan a hablar de "flexibilizar medidas penitenciarias".
Del mismo modo, en esta reunión entre Gobierno y la ETA se abordó el tema del acercamiento de presos al País Vasco e incluso el indulto, si el proceso sale bien. Pero lo más relevante es el hecho de que el Ejecutivo se comprometa a que "con delitos de sangre solo acceden a libertad tras el desarme de la ETA". Igualmente, informaba a la banda que "los delitos cometidos tras el alto el fuego serían un paquete de negociación a parte".
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El extraño centro Henry Dunant de mediadores suizos es el encargado de custodiar las actas oficiales de la negociación.
LIBERTAD DIGITAL 2011-03-29 J. Arias Borque
Localizado en una mansión del siglo XIX a las afueras de la ciudad suiza de Ginebra, el Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario inició sus actividades en agosto de 1999. El objetivo, poner en contacto a Gobierno legítimos y grupos terroristas, rebeldes y/o violentos con el objetivo de iniciar procesos de negociación entre ambas partes que desembocasen en algún tipo de acuerdo.
Los primeros casos de mediación miraron, como no podía ser de otra forma, hacia África y Asia, donde se encuentran los conflictos más enquistados del planeta. En ellos, participó la plantilla de este centro, cuyos gustos vienen sufragados desde sus inicios por el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, y subvenciones de países como Noruega, Suiza, Estados Unidos y muchos de los miembros de la Unión Europea.
En 2004, se incautó en una operación antiterrorista en Francia el primer documento interno de la ETA en el que se hablaba de que los terroristas habían abierto una vía de diálogo con el Henry Dunant con el objetivo de poder iniciar un proceso de negociación política con el Gobierno de España. Las autoridades galas informaron de ello al recién llegado Ejecutivo Zapatero, que no debió sorprenderse en exceso por la información trasladada desde el país vecino.
Y es que un tiempo después, entre finales de 2005 y principios de 2006, los encuentros entre delegaciones del Gobierno español y ETA comenzaron a celebrarse bajo la atenta mirada de un 'observador imparcial' del centro de mediadores, encargado de redactar las actas oficiales de cada reunión, en las que se incluían punto por punto todos los temas tratados en el encuentro, los participantes en el mismo y que incluían la firma de todos los presentes.
Concluido cada encuentro, los mediadores del Henry Dunant llevaban las actas del encuentro hasta un lugar seguro, sin facilitar copia de las mismas a los participantes. El diario El Mundo sitúa las mismas bajo llave, "en rigurosa y sofisticada custodia", en una caja de seguridad de una entidad bancaria suiza. Tan ocultas por un acuerdo previo que ni siquiera un futuro gobierno del PP podría sacarlas de allí.
En la sede de la institución se celebraron, entre otras, las reuniones que protagonizaron el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y el dirigente de la ETA que ordenó, entre otros, el atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza, José Antonio Urruticoechea Bengoechea Josu Ternera. Encuentros sobre los que el propio Eguiguren habló en la polémica entrevista que concedió al programa Salvados de La Sexta el pasado mes de noviembre.
Casualmente, hace un año y unas semanas, el Centro Henry Dunant para el Diálogo Humanitario nombró presidente de honor de la institución a Javier Solana, ex ministro del PSOE y ex alto representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, tal y como informó Libertad Digital unos días después del nombramiento. Un nombramiento que coincidió con el inicio de los trabajos de algunos mediadores internacionales, como Brian Currin, para abrir la segunda parte del proceso de negociación entre el Gobierno Zapatero y los terroristas de la ETA.
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Catálogo de presuntos delitos del Gobierno en la negociación
2011-03-29 ÁNGELA MARTIALAY
Varios juristas consultados por Libertad Digital coinciden en afirmar que es complicado delimitar dónde está la línea que separa la actuación inmoral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante su negociación con la ETA en los años 2005-2006 y dónde empieza la actividad delictiva que pudieran haber cometido los emisarios del Ejecutivo.
De todos los datos que se desprenden de dichas actas que han publicado esta semana El Mundo y El País, hay un hecho que para todos los expertos está claro: el soplo policial que se dio el 4 de mayo de 2006 al cobrador de la ETA, Joseba Elosúa, en el bar Faisán (Irún) encierra varios presuntos delitos que salpicarían directamente al Gobierno si el juez es capaz de demostrar que la orden de abortar la operación contra la banda criminal procedía del Ejecutivo. Algunas de estas ilegalidades cuentan con condenas de hasta diez años de cárcel.
Actualmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si detrás del chivatazo a ETA se cometieron dos delitos: uno, de revelación de secretos (penado con hasta tres años de prisión) y otro, de colaboración con banda armada (cuya condena máxima es diez años de cárcel según la legislación vigente). En el caso, están imputados tres mandos policiales de aquella época; uno de ellos actual dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo.
No obstante, con la nueva información aportada por las actas, los penalistas consultados subrayan que pudieron haberse cometido otros dos delitos por parte del Ejecutivo. Uno de omisión del deber de perseguir delitos y otro posible delito de financiación ilegal si se demuestra que el Gobierno se ofreció a proporcionar dinero a los terroristas utilizando para ello a organizaciones internacionales.
Las últimas revelaciones periodísticas sostienen que uno de los intermediarios del Ejecutivo de Zapatero dijo a los etarras lo siguiente en alusión a la extorsión. "El ministro (Rubalcaba) tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero decimos que no consta. Si el problema es el dinero siempre se podrá arreglar por medio de una organización internacional".
Por otra parte, fuentes jurídicas informaron de que gran parte del contenido de dichas actas no consta en el sumario que el juez Ruz declaró secreto el pasado mes de enero.
En otro orden de asuntos, los emisarios del Gobierno aseguraron a los terroristas durante la negociación: "Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertzaintza y a la policía francesa que no hagan detenciones y ha sido muy difícil pues esas órdenes no se dan por escrito". Según los juristas, estas palabras en sí mismas podrían constituir un delito de omisión del deber de perseguir actividades delictivas castigado en el Código Penal con penas de prisión de uno hasta cuatro años. Para poder emprender una acción legal se debería identificar al autor de estas declaraciones.